En las endebles democracias de nuestros países, lo que se hace ahora legalmente en
Estados Unidos se practica con opacidad en nuestros países: el empresariado nacional
aporta a las campañas políticas de modo formalmente ilícito pero tolerado, lo que
posteriormente escandaliza a los medios monopólicos y a operadores judiciales
obedientes, descubriendo de repente la corrupción y estigmatizando tanto a los políticos
como a los empresarios locales.


De este modo, el lawfare (combinación de monopolios mediáticos y jueces obedientes)
mata dos pájaros de un tiro: criminaliza a los políticos opositores que pueden obstruir el
avance del sometimiento colonialista corporativo y también a la burguesía nacional
(capital productivo), para que las transnacionales reemplacen al capital nacional,
succionando toda la renta.

La corrupción criminalizada de políticos opositores es en su mayor parte inventada pero
suele tener una parte de verdad, que consiste en la opaca financiación empresarial, que
luego es denunciada y aprovechada por los procónsules colonialistas locales para
improvisar partidos políticos y mostrarse como el rostro impoluto del capitalismo.
De este modo se hacen del aparato del Estado para entregarlo mediante endeudamiento
astronómico, conforme a un supuesto programa económico neoliberal que, en realidad,
consiste en un delito de ‘’administración fraudulenta’’, al tiempo que sus monopolios
mediáticos muestran los efectos letales del subdesarrollo.


Los aportes empresariales a las campañas políticas y sus opacidades podrían evitarse
con la financiación estatal, pero los propios monopolios mediáticos lo impiden con su
afán antipolítico, mostrándolo demagógicamente como despilfarro.

Autor: Dr. Edson Ormaza Zamora

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